sábado, 6 de julio de 2013

FORO: EL PETROLEO PATRIMONIO DE LA NACION PONENCIAS:



Exponente 1: Dulce M. Sauri Riancho.
NUEVO DEBATE EN MATERIA PETROLERA
En noviembre de 2008, después de un intenso debate, entraron en vigor las reformas a siete leyes relacionadas con PEMEX. Su propósito explícito consistió en la modernización de la paraestatal, tanto en su administración y su régimen fiscal, así como la flexibilización de la participación privada en la exploración, producción, transformación, distribución y comercialización del petróleo y sus derivados.
Apenas cinco años después, se anuncia una nueva reforma en materia energética. En este lapso, el escenario internacional se ha transformado. Destaca en primer término, la crisis económica mundial, detonada a finales de 2008, de la cual todavía no pueden sustraerse los países más desarrollados. Al principiar 2009, inició su gestión el Presidente Barack Obama, quien definió como prioridad la autosuficiencia energética de los Estados Unidos, con base en una más eficiente explotación de los hidrocarburos, pero también mediante el desarrollo de fuentes no convencionales de energía.[1] En tanto, en México la producción petrolera ha continuado descendiendo y las importaciones de gasolinas, aumentando. En consecuencia, el PND 2013-2018 establece como línea de acción central la modificación del marco institucional “…para ampliar la capacidad del Estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como la lutita…”. En buen castellano, esto significa la promoción de una reforma constitucional que modifique la distribución de la “renta petrolera”.
¿Qué habremos de decidir los mexicanos? Si compartimos con empresas y empresarios privados los rendimientos económicos de PEMEX. El petróleo que está en el subsuelo –sea tierra o mar- tiene que ser extraído; eso cuesta. Desde luego que uno de los secretos más bien guardados son los costos de producción por campos y en promedio, de los 2 millones 518 mil barriles diarios que se extraen actualmente.[2] Pero podemos hacer una estimación. Cuesta un promedio de 8 dólares (más en campos maduros, si hay que inyectar nitrógeno, por ejemplo; menos en campos nuevos, ). Si el precio promedio de exportación de barril de petróleo en febrero de 2013 fue de 101.04 dólares, esto significa que 93 dólares por barril es la renta petrolera. ¡Esto es lo que nos proponen que compartamos con las compañías privadas que vendrían a invertir en petróleo! Con todas sus deficiencias y vicios, la renta petrolera se distribuye vía el PEF hacia todos los mexicanos. ¿No consideran más adecuado y justo corregir los vicios y defectos de la operación de la empresa, realizar las inversiones necesarias para que funcione mejor, antes que permitir la apropiación privada de esa renta?
LA OTRA VISIÓN
Sí es posible modernizar a PEMEX, fortalecer al Sector Energético (sin olvidar a la CFE), mantener la Soberanía nacional sobre sus recursos naturales y articular los intereses económicos del país con los de un mundo globalizado, si no perdemos de vista tres premisas: a) el petróleo es de todos los mexicanos y debe seguir siéndolo; b) el Estado es el responsable de la correcta y eficaz explotación de este recurso; c) los particulares participan, pero no deberán controlar ningún tramo del proceso de explotación. Este seguirá siendo exclusivo del Estado, a través de PEMEX.
Hay que enfrentar una realidad: a corto plazo: cualquier cambio en la condición de PEMEX pasa por una reforma fiscal profunda, de carácter integral, que tenga como eje la liberación gradual de los ingresos públicos de la actual dependencia de los ingresos petroleros. En consecuencia, debe diseñarse un programa de saneamiento financiero de PEMEX. Durante muchos años, la empresa ha contribuido al equilibrio de las finanzas públicas, lo que ha incrementado su vulnerabilidad. Abrir a la inversión privada sin considerar esta situación sería prácticamente entregar la soberanía energética a las grandes transnacionales del petróleo.
Es indispensable la aplicación de una política de Estado en materia energética, que abarque las diversas fuentes de energía: renovable y no renovable; combustibles fósiles, hidráulica, eólica, solar, geotermia, biomasa. Que tenga como principios básicos la sustentabilidad y el respeto al medio ambiente. Habrá que ponderar cuidadosamente las consecuencias ambientales de la explotación del gas “shale”, por ejemplo.
En refinación y petroquímica básica, debe disminuirse la dependencia de las importaciones de gasolinas y refinar en el país el crudo pesado tipo Maya. Al menos, concluir  la construcción de la tan publicitada nueva refinería de Tula.
Dulce María Sauri Riancho


[1]En particular destaca el denominado “gas shale”, gas “pizarra” o “esquisto”, que incorpora una nueva fuente energética disponible también en México (cuarto país en reservas mundiales, después de Estados Unidos, China y Argentina).
[2]En abril de 2013, la producción de crudo disminuyó 1.0% respecto al año anterior. De los 2 millones 518 mil barriles diarios, el 50% (1 millón 275 mil.4 barriles diarios) son de exportación, el 75% a Estados Unidos. Tomado de: http://www.sener.gob.mx/res/380/Prontuario.pdf  (consulta: 4 julio 2013). Precio promedio de la mezcla mexicana de 86 dólares, según el Paquete Económico 2013. http://www.shcp.gob.mx/documentos_recientes_bliblioteca/comunicado_088_2012.pdf


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Exponente 2 : Freddy Ramos Pulido.
Respetables integrantes de la Academia Liberal de Yucatán,
Invitados que nos honran con su presencia,

“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas… el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.” Art. 27 Constitucional.
Una vez más como mexicanos estamos inmersos en un tema de discusión que no tiene razón de ser ya que nuevamente los representantes del pueblo y los gobernantes que después de ocupar sus cargos se ven obligados a cumplir con acuerdos previamente establecidos con los grandes consorcios y gobiernos de países extranjeros para entregarles una parte de nuestro territorio nacional.
Hoy, como modernos Antonio López de Santa Anna, José María Gutiérrez Estrada, José Manuel Hidalgo, Francisco Javier Miranda, Antonio Escandón y Joaquín Velazquez de León, tenemos a un grupo de legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, a miembros del gabinete del gobierno federal, a un Presidente de la República y a un maquiavélico artífice de la política neoliberal de nuestro país que desde 1988 no ha dejado de manejar los destinos de nuestra patria para su beneficio personal y el de otras naciones.
Bien se dice que quien no conoce la historia de su país está destinado a repetirla, y tal parece que esa es la realidad que estamos viviendo en nuestros días, pues ya se ha olvidado lo que la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A., la Compañía Naviera de San Cristóbal, S. A., la Huasteca Petroleum Company y otras de triste recuerdo le causaron a nuestro país cuando inmisericordemente  explotaron nuestro petróleo a vista y paciencia de las autoridades que recibieron amenazas de invasión militar extranjera a nuestro territorio mexicano.
Compañías que saquearon el petróleo mexicano, que explotaron trabajadores pagando sueldos miserables, que bajo engaños o por la fuerza obligaron a miles de campesinos a ceder sus tierras para perforar más pozos petroleros, que reportaban baja producción o pérdidas con el fin de evadir el pago de impuestos.
El Presidente Cárdenas en su discurso a la nación el 18 de marzo de 1938 dijo: “Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.”
Olvidando lo que sucedía hace casi cien años, hoy se argumenta que la Reforma Energética es necesaria para el desarrollo del país, ya que gracias a ella habrá mejor educación, mejores servicios de salud y mejorará la economía nacional pero olvidan que las compañías extranjeras tiene exención de impuestos, estímulos fiscales, causan contaminación ambiental pues no hay responsabilidad social, pagan bajos salarios pues se trata de obtener el mayor beneficio al menor costo, e impiden a los trabajadores la conformación en sindicatos, entre otros problemas.
En unas semanas más, las Cámaras de Diputados y Senadores votarán para modificar el Artículo 27 Constitucional, la Ley de Petróleos Mexicanos, sobre todo en sus artículos 50, 55 y 60, y presentarán al país las llamadas reformas energéticas para abrir las puertas a Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Petro China, Chevron, British Petroleum y otras más para que ingresen al país a explotar nuestro petróleo a grandes profundidades, a ser las dueñas de la industria petroquímica y a llevarse las ganancias de la explotación petrolera.
Bajo el paraguas del Pacto por México se habrá de votar por amplia mayoría la aprobación de tales reformas sin que sean escuchadas las voces que realmente expresan el peligro al cual está yendo nuestro país. Desde ese punto de vista para quienes nos oponemos a la privatización de PEMEX, la causa la tenemos perdida. Pero no nos desamimemos, todavía tenemos mucho qué hacer. Recordemos que de los legisladores, al menos 300 de ellos en la Cámara de Diputados son representantes del pueblo y todos los Senadores son representantes de sus Estados. No importa si no voté por el diputado que representa a mi distrito, por el simple hecho de ser el diputado de mi distrito es mi representante y está obligado a escucharme y llevar mi voz a la Cámara.
Tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz y pedir a otros ciudadanos que hagan oír su voz ante nuestros representantes. Para que lleven la voz del pueblo, no la de su partido o la del Pacto por México. El verdadero ejercicio de la democracia no está solamente en el momento de ejercer el voto, sino cuando nuestros Diputados y Senadores actúan como representantes del pueblo. Debemos ser voceros que informen a la sociedad los peligros de la reforma energética, venzamos con el uso de las redes sociales y con cualquier medio posible la gran propaganda de desinformación que se hace en los medios de comunicación que una vez más están sometidos a la voluntad del gobierno en turno para exigir a los diputados a representar dignamente al pueblo.
Desde esta tribuna exhorto a mis compañeras y compañeros de la Academia Liberal de Yucatán, y a quienes esta mañana nos visitan, para que sumemos esfuerzos, seamos voceros hacia nuestras familias, amistades y conocidos la necesidad de preservar nuestros recursos energéticos.
En el pasado hubo los que fueron a Miramar a ofrecer el país a un archiduque, hoy, hay los que van a otros países a ofrecer nuestra riqueza petrolera, Academia Liberal de Yucatán, seamos como Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo y muchos liberales más del siglo XIX, que con la palabra hablada y escrita y con la razón defendieron la soberanía nacional sigamos hoy su ejemplo, para bien de la patria y para las generaciones futuras.


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Exponente 3: Ivan Franco

El Estado transnacional y la riqueza mineral de la península de Yucatán
Iván Franco


Introducción

La inserción de la península a la economía global se dio de forma intensa con la explotación del henequén en la región central de Yucatán a partir de 1860, proceso económico de integración que se expresó para las otras entidades sólo hasta avanzado el siglo XX con el impulso de la pesca, la producción de petróleo (Campeche) y el turismo (Quintana Roo); Campeche, pese a todo, jugó desde la etapa colonial un papel relevante en el suministro de materias primas como el palo de tinte a la economía europea. Y Quintana Roo, después de varias fases de expoliación de sus bosques y maderas preciosas durante el siglo XIX e inicios del XX, dio el gran salto a la integración mundial mediante el desarrollo de complejos turísticos como Cozumel (1950), Playa del Carmen (1960), Cancún (1970), y la Riviera Maya (1980 en adelante).
El turismo, renglón de importancia solo a partir de la primera mitad del siglo pasado tiene ahora gran peso en la dinámica económica de toda la región peninsular. Su relevancia como fenómeno global está en función de que el nuevo modelo “eco-turístico” que se promueve en la lógica del Estado transnacional amplifica la vieja tendencia de despojo de tierras a los pueblos originarios mediante nuevos parámetros ecocidasy dentro de la órbita global de gran impacto económico, social, ecológico y cultural.Esto, porque implica que grandes sectores rurales emigren hacia los grandes polos citadinos internacionales o bien a los nuevos “núcleos” de desarrollo locales básicamente hoteleros y turísticos. La tierra y el mar han sido así, por excelencia, fuente de riqueza en toda la extensión peninsular. Por eso la tendencia secular al despojo de la propiedad comunal y ejidal se agudizó a raíz de que los procesos de integración a la economía global se intensificaron en el siglo XIX y se agudizaron a fines del siglo pasado con el descubrimiento de nuevas riquezas minerales en el subsuelo peninsular y plataforma continental, respectivamente, entre ellas desde luego el petróleo. Veamos.

El siglo XX

Los procesos de integración de la península de Yucatán se han proyectado desde la instancia federal del Estado neoliberal[1] y transnacional mediante políticas públicas orientadas a estimular inversión local y nacional(Inversión Extranjera Directa o IED[2] e Indirecta o IEI) y, en general, con la apertura comercial en condiciones de inequidad para las miles de empresas de subsistencia regionales. Por tal motivo, con la actual fase de transnacionalización de la economía mexicana (1994-2013), está en construcción una suerte de frontera marítima meta-constitucional en prácticamente toda la costa del Golfo de México. En esa construcción virtual pero trascendente de una frontera geopolítica “subterránea” juega un papel decisivo el descubrimiento de dos grandes cuencas petrolíferas en los llamados hoyos de dona del Golfo de México. Así, con la proyección y promoción del potencial de esas riquezas bioenergéticas se está dando entrada a capitales financieros nacionales e internacionales en sectores de servicios, comercio, industrias extractivas o en la llamada industria sin chimeneas como el turismo y, en general, a inversiones orientadas a la explotación de recursos naturales diversos.
En consecuencia, con la importancia que en un futuro cercano se dará a la extracción de petróleo y gas natural en los llamados hoyos de dona y demás fuentes del Golfo de México, un importante volumen de empresas y capitales extranjeros está “invadiendo” (o proyectando hacerlo) toda el área costera peninsular;están montándose en la vieja lógica colonial de apropiación y expoliación de la tierra a sus antiguos dueños. Pareciera que se están adelantando a un proceso aún más agresivo de ampliación de los intereses del Estado y capital transnacionales, con todas las implicaciones de carácter geopolítico y geo-militar que el nuevo fenómeno implica en términos de soberanía territorial. Esto pese también a que el grueso de la economía y relaciones laborales en la península se encuentra en las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que el desarrollo y predominio de empresas grandes (nacionales y extranjeras) impone día a día una lógica de integración desigual al mercado global; de acuerdo a estudios para el área de Yucatán, esa tendencia hegemónica está arrinconando a la subsistencia, al rezago y a la debacle a esa amplia franja económica.[3]

Zona geoestratégica

El objetivo general de esta reflexión es entonces identificar las fortalezas y características de los desarrollos e implantación de empresas multinacionales en la zona, sea en territorio firme como en el mar, en litorales costeros y en ciudades o localidades consideradas estratégicas por fuerzas e intereses capitalistas diversos ligados al gran Estado transnacional.Hemos básicamenteabarcado un periodo en el que no de gratis se han establecido acuerdos multilaterales del tipo del Tratado de Libre Comercio (1994), el Plan Puebla Panamá (2001-2006), el Acuerdo para el Libre Comercio (ALCA, 2005), la Iniciativa Mérida (2007), el Plan México (2006), y la llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2007). Todos se han pactado en el contexto de descubrimiento de un subsuelo costero peninsular con grandes reservas de petróleo, gas natural, iridio, oro, diamantes y manganeso, en los que las investigaciones y resultados del impacto meteórico de hace 66 millones de años jugó un papel primordial.
Esos planes y acuerdos reflejan así dinámicas transnacionales que tienden a agudizar el proceso de integración económica de la península (y de México) al gran mercado mundial bajo predominio norteamericano y no excluye la concurrencia relevante de intereses europeos y asiáticos. Sin dejar de lado la revisión del estado actual de las políticas ecológicas y/o culturales de México en especial, nuestra meta específicaes generar líneas de reflexión y posturas críticas como la abierta por este Foro que permitan analizar la modalidad del proceso de integración transnacional de la península que impulsa el Estado de 1988a la fecha con base a la venta al mejor postor de sus riquezas naturales, incluido desde luego el oro negro. Proceso que desde luego, cuando se mira con detenido escrutinio, subyace en políticas públicas y privadas neoliberales dentro del marco de los acuerdos multilaterales internacionales que apelan a la consecución de desarrollo, crecimiento, seguridad y prosperidad económicos generales desde los años del TLC, el PPP y el ASPAN.[4]
La concentración de riqueza mineral que se encuentra en el subsuelo de toda el área peninsular de Yucatán (estudiada por países desarrollados a lo largo de 1985-2006) dio paso a las firmas multinacionales de Tratados entre EEUU, Canadá y México desde el año 1994 con el TLC. Como México, pese a la notoria dependencia económica y política hacia los EEUU ha sido renuente al establecimiento de bases militares en su territorio, dicho país diseñó una geopolítica con base a los intereses de la gran órbita transnacional. Esta consiste, en parte, en el establecimiento de bases militares en casi todos los países del área de Centroamérica con lo que, en los hechos, se ha definido una frontera militar, marítima y comercial que deja en claro: a) que la riqueza de los recursos del área Golfo-Península de Yucatán quedan formal y de facto bajo el resguardo del Estado policial norteamericano, y b) que se establece una frontera militar sobrepuesta a los propios Tratados Internacionales regulatorios de las 200 millas náuticas tal como se vio con el acuerdo EEUU/Inglaterra para explotación irregular de petróleo en aguas profundas en 2008. El descuido e irregularidades con que ambas potencias signaron ese acuerdo dio como resultado la explosión y contaminación del Golfo de México con la explosión de la plataforma DeepWaterHorizon en abril de 2010.

Conclusión

Como se puede observar, si bien el petróleo es una de las riquezas naturales que puede terminar en manos de las grandes empresas transnacionales, en los hechos, la política global definida por EEUU (asumida por el Estado mexicano), abarca un espectro mucho más amplio de explotación y expoliación de la riqueza natural diversa que desde luego implica, al menos en la zona: a) pérdida de control territorial, b) sumisión a los grandes intereses transnacionales del Estado y la clase política mexicana, y c) pérdida de soberanía nacional de cara a un proceso global en la que los partidos políticos y la sociedad no están reparando en sus dimensiones catastróficas de identidad, ecológicas y autonómicas. Esto sin descontar, por ejemplo, las más de 4000 concesiones que el Estado mexicano de los sexenios de Fox y Calderón, otorgó a empresas mineras canadienses que literalmente están destruyendo grandes áreas naturales y culturales de México. Pastel global para las transnacionales globales. Muchas gracias.



[1]Enrique Montalvo Ortega, Neoliberalismo. La Dictadura (Realmente) Perfecta, México, Ed. Ariel/INAH, 2013.
[2]Pablo Mejía Reyes, “La inversión extranjera directa en los estados de México”, En: Coloquio La Economía del Estado de México en el contexto del siglo XXI, El Colegio Mexiquense/CIDE, diciembre 2002. En función de los distintos intereses económicos y sociales, en cada una de esas entidades se manejan distintos tipos de política en materia de turismo costero y patrimonio cultural. En términos generales, puede decirse que la implementación de los desarrollos turísticos en los municipios y comunidades con atractivos naturales y culturales es debido a la crisis económica permanente y a la extrema necesidad de los Estados de captar fondos públicos y divisas extranjeras para movilizar las economías.
[3] Alberto Quintal Palomo, Desarrollo estratégico de la pequeña empresa. Impulso a la economía de Yucatán, Ed. UADY, México, 2005, en particular los Caps. IV y V.
[4] Armando Bartra (Coord.), Mesoamérica. Los ríos profundos: Alternativas plebeyas al Plan Puebla Panamá, El Atajo Ediciones/Fomento Cultural y Educativo, A.C./Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)/CASIFOP, A.C./ANEC/CCECAM/SEMAPE CEN PRD, México, pp. 113-132 y 133-214.

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Exponente 4: José Luis Sierra Villareal.

CUATRO TEMAS A CONSIDERAR ANTES DE LA REFORMA DE PEMEX
                                                                     José Luis Sierra V.
Cualquier propuesta que vaya dirigida a cambiar la constitución, la administración o la operación de PEMEX, debiera ser abordadadesde una perspectiva global, que sea el interés nacional el que fije fundamentos, marque límites y alcances. La reforma de PEMEX debe ser atendida como reforma del sector energético (C.F.E. incluida, por tanto) que exige una definición en dos temas que hasta hoy han sido tratados como suplementarios, cuando debieran ser rectores. Uno es el de la transición energética y el segundo, la seguridad energética. Recurro al economista Jorge Navarrete para definir estos conceptos.
La transición energética es un proceso que conduce a sustituir y, a menudo, diversificar las fuentes primarias de energía que utiliza un país. Se trata de sustituir gradualmente los energéticos fósiles por renovables, hacia un balance energético más económico, eficiente y favorable al ambiente.
Por seguridad energética se entiende la capacidad de un país para satisfacer  la demanda nacional de energía, en el presente y por un periodo razonable hacia el futuro, que suele medirse por decenios. El concepto de seguridad energética es inseparable de la racionalidad y sustentabilidad del consumo.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) genera los recursos financieros suficientes para impulsar su desarrollo y producir una renta en beneficio de la sociedad mexicana.La paraestatal ha sido asfixiada por el régimen tributario al que ha estado sujeta.
Los pagos por impuestos y derechos que realiza PEMEX cada año, representan en promedio el 40% de los ingresos fiscales del gobierno federal. El llamado “equilibrio de las finanzas públicas” se logra fundamentalmente gracias a que PEMEX –igual que la  CFE- entrega casi el 60% de sus ingresos al fisco. En otras palabras, los recursos de PEMEX le permiten al gobierno presentar finanzas públicas “sanas”, lo que tiene un impacto positivo en los precios y, por consiguiente, en mantener a raya la inflación.
No hay voluntad política por parte de quienes gobiernan, para instrumentar una reforma tributaria que grave al que más tiene y liberar a PEMEX los recursos para su propio crecimiento. Cualquier reforma para hacer de PEMEX una empresa rentable y competitiva debe incluir:
a).- Disminución de los impuestos y derechos que están en la raíz del problemas.
b).- Capitalización que le permita a PEMEX disminuir su pasivo y solventar su pasivo laboral.
c).- Retención de utilidades quele permita operar con la lógica empresarial, disponer de los recursos necesarios para su operación y la adquisición de tecnología y el equipo adecuado, los que reclama una petrolera moderna y eficiente.
Algo similar a lo que se quiere hacer con el petróleo sucedió ya con la minería. Antes, los minerales eran de la nación, pero se modificó la Constitución para concesionarlos a particulares, y hoy día sus precios internacionales son estratosféricos, generan una gran renta para esos inversionistas y un ingreso marginal para el país.
El argumento que se esgrime para legitimar la apertura al capital privado es fortalecer a PEMEX, pero optan por robustecerlo compartiendo la RENTA de la actividad petrolera con el capital privado que participara en esa “reconversión” del monopolio petrolero. Es cierto, en estricto sentido no se trata de una PRIVATIZACIÓN, ni de las reservas, ni de los activos de PEMEX.
La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos que se extraen del subsuelo, medidos por los precios internacionales, menos el costo de producción. Hagamos un ejercicio muy elemental: si en estos momentos cada barril cuesta alrededor de 100 dólares, y el costo agregado de su producción, desde los estudios prospectivos hasta su transportación final alcanzan 15 dólares por barril; los 85 dólares restantes constituirían la RENTA. Los inversionistas buscan desesperadamente participar en cualquiera de las fases de extracción, procesamiento o distribución, pero no cobrar la parte que les correspondería de los 15 dólares sino quedarse con una proporción de los 85. Esta es la nueva lógica que ha sabido trasladar el capital de la “economía virtual” a la economía real, la de las inversiones y las ganancias, sin propiedad material, sí, pero también sin cargas laborales ni riesgos.
Es importante darse cuenta de que la participación en el capital de PEMEX no es prioritaria para los inversionistas privados a quienes no resulta atractivo comprar acciones de una empresa cuyos activos están financiados en más de un 95% por pasivos caros, lo que la coloca virtualmente en quiebra; una empresa que está sujeta a un régimen fiscal confiscatorio; que tiene un pasivo laboral sumamente gravoso, sujeta a decisiones políticas; que no ofrece la expectativa del pago de dividendos y en la que tendrían posibilidad de influencia muy reducida en calidad de accionista minoritario.
Esto no quiere decir que la privatización de PEMEX haya dejado de ser un objetivo para los intereses petroleros internacionales, sino que su interés se centra en  adquirir su petróleo y no sus acciones, en lograr los beneficios de la privatización a través de contratos y permisos y no de dividendos, de obtener información y ejercer vigilancia a través de mecanismos de bolsa o mediante instrumentos marginales, como los “bonos ciudadanos”, sin necesidad de tener en sus manos acciones de dudoso valor financiero.


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Exponente 5: Ruby Betancourt Moguel




El petróleo y la economía del desperdicio
Ruby Betancourt Moguel
En 1957 escuché al Maestro Don Jesús Silva Herzog -de quien tuve el privilegio de ser discípula- decir que era indispensable considerar que el petróleo mexicano, patrimonio del pueblo, en algún tiempo dejaría de ser necesario, fundamental, como producto generador de energía, como  insumo alimentador de los procesos productivos y como producto de consumo en el mundo entero. Nos dijo que ya se conocían otras formas de generar energía, tales como la fuerza nuclear, la de los vientos y movimientos marítimos o eólicos, entre otros. Creo que, tratándose de un bien no renovable y tan costoso para el consumidor y para la planta industrial de México, sería bueno recordar sus palabras.
De entonces a la actualidad se han desarrollado técnicas que comprueban su dicho. Parece, sin embargo, que somos renuentes a considerar factible la energía atómica. Por el contrario consideramos que esa podría llegar a ser la fuente más viable de generación de energía en nuestro país y en el mundo entero. Las otras posibilidades, tales como el viento, las corrientes marinas  y la energía solar ya han probado su factibilidad y, si bien las palabras del Maestro Silva Herzog continúan vigentes, han pasado muchos años antes de que su visión se realice plenamente, en virtud del sistema económico de desigualdad, imperante en nuestros días. Baste señalar que según los expertos más calificados, un 4% de los desiertos bastaría para obtener toda la energía necesaria para el mundo entero y nosotros no nos podemos quejar de falta de territorios desérticos.
Pero aquí y ahora hablamos de la empresa Petróleos Mexicanos, de su pésima administración y fuente de recursos para el gasto irracional del gobierno mexicano. Tal vez mis puntos de vista pequen de simplistas pero considero que, antes de discutir airadamente si se le permite o no tener acceso a empresas privadas, sean nacionales o extranjeras, debiéramos pensar en la opción aparentemente insalvable de eliminar el sistema fiscal que rige a PEMEX, empresa que ha llegado al absurdo de entregar, descapitalizándose, hasta el 120% de sus “utilidades” como aportación al gasto gubernamental, sobre todo al absurdamente elevado gasto corriente. Si PEMEX  hubiera pagado los impuestos que le corresponden como cualquier empresa limpiamente administrada, ya hubiera sido posible construir toda la planta industrial de refinamiento y si no hubiera sido la empresa más deficientemente manejada del país, se hubiera aprovechado el gas que se quema, mientras los mexicanos pagamos cada vez más por la gasolina y el gas y, en consecuencia, por todos los bienes que insumen energía.   
Estamos lejos del l938 y de esa idílica estampa en la que el pueblo de México se volcó a las calles en apoyo al General Lázaro Cárdenas tras la expropiación petrolera,  pero no tan lejos como para considerar la necesidad de permitir la inversión extranjera directa en un mundo en el que traga más pinole el que tiene más saliva, en un mundo, en el que impera la injusticia. Nos preguntamos si un país, ya no digamos sano, sino aceptablemente equitativo, puede ponerse a las patadas con Sansón y es claro que no. Pero lo que sí debiera ser posible, por difícil que parezca, es erradicar la corrupción que avasalla a nuestro país y, en el caso que estamos considerando de la explotación petrolera y todos sus procesos, desde la exploración, hasta la comercialización interna y externa. Después, aunque no lentamente, considerar si contamos con los recursos económicos, tecnológicos, humanos para aprovechar satisfactoriamente algo que  es tan nuestro como nuestro subsuelo. Es posible que tengamos reservas petroleras más allá de lo que está calculado, pero repetir la historia del pozo Cantarell tan sólo conduciría no sólo a una perjudicial decepción, sino a un craso error que implicaría contaminación, inflación, corrupción e injusticia.
Los mexicanos no tenemos una cultura de utilización racional de recursos. Los países en desarrollo, como se nos dice eufemísticamente para no decirnos como antes “subdesarrollados”, hemos adoptado también un esquema económico del desperdicio como lo hacen algunos países más boyantes que el nuestro. Tiramos a la basura nuestros recursos, cuando los tenemos y hemos caído en la trampa de una economía del desperdicio, de una obsolescencia programada: ya no se puede componer una plancha, un horno, unos zapatos, una lámpara o sustituir una pieza de cualquier producto más “sofisticado” como incorrectamente se les dice, tales como una computadora o un aparato de televisión o de sonido. Ahora hay que sustituirlos por uno nuevo que, a su vez, esté paradójicamente programado para ser obsoleto o inservible. Este comportamiento social es atribuible a los productos energéticos. Por ejemplo, se modifica el horario nacional para ahorrar energía pero las luminarias de la calle quedan encendidas mientras hay luz natural. Impera una economía del desperdicio que daña al consumidor de cualquier clase. Necesitamos un re educación social como consumidores.
En resumen se propone: aplicar un nuevo régimen fiscal para PEMEX;  erradicar la corrupción y racionalizar el consumo. Tal vez es demasiado simple pero no estaría de más intentarlo y, a una nueva luz, decidir si resulta necesaria la inversión privada, sin paradigmas ideológicos 
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 Exponente 6: Jorge Luis Canché Escamilla

Petróleo: Patrimonio de la Nación

La reforma energética ha generado un sinfín de comentarios, creando una controversia que se discute en el ambiente nacional, más no en el plano local, esto es, en nuestra entidad. Por eso resulta oportuno que la Academia Liberal, haya asumido está tarea, dando lugar a este foro, que permite dar a conocer algunos puntos en relación al tema referido. Es conveniente mencionar también que a este respecto la academia como los organismos gremiales han dado una postura en  relación a la Reforma Energética de México, principalmente lo relacionado con PEMEX.
Los puntos siguientes tienen que ver con estás posturas, en particular con la del maestro David Ibarra, quién es presidente del Comité Editorial de la Revista ECONOMIA/UNAM.

1.- Antes de ello, con viene señalar que: El salvamento de de PEMEX no solo debe de verse en el sentido de los negocios sino como parte viva de la lucha de los mexicanos para decidir en libertad su destino común, sea en términos económicos o políticos.
Considerar que sin la renta petrolera, no es explicable la industrialización, la salida del feudalismo de campo, la construcción del mejor sistema latinoamericano de carreteras o el gasto social de los gobiernos.
     
2.- En los hechos la privatización total de PEMEX debe ser vista, hoy por hoy una locura, una imposibilidad económica y una locura política.
Basta recordar que PEMEX aporta un 40% de los ingresos del Gobierno Federal, de hacerse habría que emprender varias reformas tributarias semejantes al impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) para compensar la pérdida de ingresos impositivos. O bien habría que convencer a los inversionistas prospectivos a soportar una carga tributaria que les cercenase todas las utilidades y algo más. Cómo ocurrió con la desaparición del patrimonio contable de PEMEX.

3.- Los ingresos petroleros se han usado como tranquilizante político de las entidades federativas, cuyas participaciones en la bolsa fiscal dependen entre el 25 y el 34% de la renta petrolera.

4.- Asimismo, las divisas aportadas por PEMEX tienen la función de equilibrar y regularizar oferta y demanda en el mercado de divisas.

5.- Según reconoce el diagnóstico de la Secretaría de Energía y múltiples declaraciones de funcionarios públicos “no se trata de privatizar a PEMEX” ni vender sus activos o infraestructura por cuanto el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos”. De esta manera se busca reubicar el verdadero campo del debate y eludir los costos políticos que el hilo de la expropiación petrolera ha impreso en la conciencia ciudadana. 

6.- Realmente PEMEX requiere imperativamente de socios, alianzas o asociaciones con empresas del exterior con quienes compartir la renta petrolera. Las justificaciones a la participación privada han venido mutando de ropaje con el tiempo y los avatares políticos.

a)      Al comienzo se adujo la falta de recursos financieros nacionales --- se tiene altísimas utilidades antes de impuestos de PEMEX.
b)     Luego al argumento de un atraso tecnológico que fuerza la apertura a empresas extranjeras con olvido de que la tecnología petrolera es conocimiento maduro, adquirible en los mercados internacionales.
c)      Otros argumentos han provenido de la comparación con otros países asociados en negocios de riesgo como Brasil o Noruega. Se olvida que son naciones con instituciones muy diferentes y con una carga impositiva alta, casi inimaginable en México.
d)     Por último, se menciona el deterioro de la capacidad de Pemex en concebir, ejecutar y administrar proyectos de gran envergadura sin ayuda cooperativa externa. No se ahonda en precisar las causas de ese debilitamiento ni se justifica porqué e vez de adquirir servicios externos, se ha de dar participación en las utilidades petroleras futuras a empresas asociadas.

7.- Al parecer no se quiere la simple adquisición de know how, servicios o insumos susceptibles de contratarse en los mercados internacionales. En contraste, no parece haber reparo en aumentar el número de participantes en el reparto de la renta de las actividades petroleras, si con ello el fisco mexicano puede seguir tomando fondos expoliatorios del sector petrolero, en sustitución de una verdadera reforma tributaria.

8.- En lugar de encarar los problemas fundamentales de la industria petrolera que se resume en  cuestiones tributarias financieras, se recurren a racionalizaciones con tintes ideológicos: Pemex está debilitado en los hechos, para salvarlo hay que reanudar el proceso de privatizaciones parciales.
A tal propósito y al de multiplicar los negocios de particulares, se cedieron las operaciones de compra y transporte de gas, la venta de las instalaciones petroquímicas, se firmaron los contratos de servicios múltiples, se permitió el desplazamiento del Instituto Mexicano del Petróleo por servicios foráneos de asesorías y el outsourcing de otras funciones –alquiler de barcos,  plataformas, vehículos e instalaciones- que constituyen otras tantas instancias de la fragmentación deliberada de la empresa más importante del país.   

9.- El patrimonio y la fortaleza de Pemex se ha debilitado en extremo hasta impedirle desempeñar sus viejas funciones desarrollistas. Hoy, apenas cumple con las tareas menores desequilibrar presupuestos y balanza de pagos y, eso, de modo cada vez más precario por no resultar sostenible a largo plazo.

10.- El problema de fondo –del que se han derivado muchas dificultades-, se refiere al abuso indiscriminado de los ingresos petroleros para sanear desequilibrios crónicos en las finanzas públicas. Las presiones ascendentes del gasto público se han satisfecho poco con impuestos y mucho con las rentas petroleras. Esa transferencia de ha llevado al extremo de eliminar prácticamente el patrimonio contable de Pemex.
La absorción masiva de las rentas petroleras ha dejado a Pemex en la imposibilidad de gastar apropiadamente en la localización y el desarrollo de campos petroleros en la reconstitución razonable de reservas en nuevas refinerías o en impulsar a la petroquímica.

11.- En México se procura un economía de impuestos anormalmente bajos, en vez de una economía de energéticos comparativamente baratos, procesos que afortunadamente o desafortunadamente ya ha dejado de ser sostenible hasta tornarse crítico.

12.- El Maestro David Ibarra en sus análisis y comentarios, indica: “No deseo identificar culpables. En más de un sentido – puntualiza- casi todos lo somos al avalar una distribución irracional de las rentas petroleras, defender el status quo. Los empresarios para disfrutar de impuestos bajos, los gobiernos estatales para recibir más de un cuarto de sus participaciones tributarias con origen petrolero; los partidos políticos y el fisco federal para ahorrarse los costos políticos de implantar reformas tributarias impopulares y los inversionistas extranjeros por cuanto la crisis les abre las puertas para tomar más y más funciones rentables antes reservadas al Estado. El eslabón débil ha resultado ser Pemex y sus intentos por invertir y modernizarse.

13.- Ante lo antes expuesto es conveniente considerar que el petróleo y la disponibilidad de otros energéticos constituye la principal ventaja comparativa del país en su inserción comercial y productiva con los mercados internacionales y, a la vez, el eje de la seguridad nacional.

14.- Reconstruir a Pemex y recobrar el papel del sector energético en el desarrollo supone liberarlo de cerrojos macroeconómicos innecesarios. Lograr lo anterior significa dotarle de autonomía empresarial de gestión, segregarlo del presupuesto y de las restricciones nacionales e internacionales impuestas al mismo, así como dar participación al Poder Legislativo en la designción de los directores y miembros de sus órganos de gobierno. Significa cambiar también el sistema impositivo actual, complicado, poco transparente, expoliatorio por un régimen combinado del impuesto sobre la renta, de regalías y de distribución de dividendos hasta donde alcancen las utilidades, sin comprometer el esfuerzo primario de inversión. 

15.- Criterios a considerar en la Reforma Petrolera:

a)      Evitar que la desincorporación parcial, hormiga, de funciones, siga creando conglomerados de actividades privadas con funciones cada vez más estratégicas y rentables que, junto a sangrar las finanzas de Pemex, dificulten imprimir orientaciones unitarias a las políticas públicas.
b)     Abastecer al mercado nacional por encima de las demandas del exterior que seguramente se intensificarán ante el desajuste crónico entre requerimientos y disponibilidades universales de hidrocarburos.
c)      Hacer renacer la capacidad innovativa, de investigación de Pemex, como planteó Don Jesús Reyes Heroles al fundar hace muchos años el Instuto Mexicano del Petróleo.

16.- Es conveniente tener presente que los países petroleros procuran recuperar el dominio sobre sus recursos, rompen alianzas con el exterior y hacen de la industrialización de los hidrocarburos, palanca de su desarrollo. Arabia Saudita impulsa un ambicioso programa de refinación y los países latinoamericanos de Ecuador, Bolivia Venezuela, luchan por el control estatal de sus recursos, mientras Brasil y Argentina revisan los contratos participativos con empresas foráneas. Mientras que nuestro país parece entregar su patrimonio, que también es nuestro.

Mérida Yuc. Méx. A 07 de julio 2013             
                 

Jorge Luis Canché Escamilla

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