El desmantelamiento de la
Constitución
Arnaldo Córdova
Nunca será demasiado volver
una y otra vez a señalar que la Constitución no es una norma como cualquier
otra. De hecho, la Carta Magna no es una norma. Como lo enuncia su artículo 39,
ella es un pacto, signado por los ciudadanos integrantes del pueblo;
es el acuerdo popular para darse un régimen de gobierno, un ordenamiento
democrático y un sistema de justicia decididos por los ciudadanos
permanentemente. El objetivo es el bienestar y el beneficio del pueblo mismo y
de todos los integrantes de la sociedad (la nación, como la denomina
el artículo 27).
No es sólo un pacto fundador,
en el tiempo, sino un pacto fundacional, permanente, que edifica el estado de
derecho y sus instituciones y los renueva constantemente. El pacto es el escudo
que permite y procura al pueblo la protección y la defensa de sus derechos
frente a la opresión y el mal gobierno. El Estado aparece, por eso, decidido y
conformado permanentemente por el pueblo. El sufragio es el elemento clave a
través del cual se manifiesta la voluntad popular. Las instituciones sólo
subsisten si respetan este principio fundador.
La Constitución es el pacto protector de las instituciones del pueblo y puede
ser modificada en su letra y en su texto, pero no puede ser cambiada en sus
institutos protectores, como la distinción que ella hace entre el pueblo de los
ciudadanos y la nación de los mexicanos, el principio de la división de
poderes, la definición del patrimonio nacional, el sistema de los derechos humanos
y el sistema democrático de designación de los funcionarios y representantes
del Estado. El eje de todo este conjunto institucional se da en el artículo 39.
Todos los mexicanos tienen la protección de su existencia y de sus derechos,
precisamente, en el conjunto de esas instituciones populares y democráticas.
Pero no sólo. La Constitución es, asimismo, un pacto protector de los derechos
de los diferentes sectores que integran la sociedad mexicana. Cambiar los
términos de ese entramado garantista y protector es cambiar el pacto mismo o
dejarlo sin ninguna razón de ser. La Constitución garantiza la protección de
los trabajadores y habitantes del campo a través de su articulo 27, que les
otorga la posesión de la tierra y su disfrute. Independientemente de lo que
pueda argüirse sobre el destino de la reforma agraria, ése es el sentido del
pacto.
El poder del Estado está para servir a todos y no puede ejercerse para
favorecer a unos cuantos o ponerse al servicio de grupos privados. La
Constitución garantiza la existencia de los trabajadores asalariados que forman
la inmensa mayoría de la población a través de las instituciones protectoras
del artículo 123. Todos sabemos que ese artículo es de los menos observados en
la vida cotidiana del país; pero sigue ahí, como base de la convivencia
pacífica de las relaciones sociales y de la solución ordenada de los
conflictos.
La Constitución se ha enriquecido con la inclusión en su articulado de
disposiciones protectoras para los más diversos sectores de la sociedad, como
nuestros pueblos originarios o las mujeres. Es un pacto de convivencia social
que mira a hacer valederos los derechos de todos los individuos y los grupos
sociales, así como a proporcionar a todos y al mismo Estado los instrumentos
para definir esa convivencia y hacerla efectiva. La definición de la sociedad
que ahora es pluriétnica y pluricultural lo dice todo en este respecto.
La reciente precisión
introducida en el texto constitucional sobre su extensión protectora de las
personas y de los individuos al establecer que el antiguo planteamiento de las
garantías individuales no era limitativo, sino prescriptivo y que la protección
de la vida, las posesiones y los intereses de todos los mexicanos y quienes se
acogen a esa protección debe comprender todo el conjunto de los instrumentos
internacionales que consagran los derechos humanos. Independientemente de que
muchos piensen que hay una diferencia jerárquica entre nuestra Carta Magna y
los tratados internacionales, esos tratados forman parte de nuestra institucionalidad
constitucional.
Pues todo ese armazón de instituciones fundadoras y protectoras se está
desmantelando y aboliendo por el conjunto de reformas anticonstitucionales que
el gobierno de Peña Nieto ha hecho aprobar en el Congreso. Todas ellas han
estado dirigidas a destruir el antiguo pacto de la nación mexicana. Sus
instituciones fundamentales ya no serán las mismas. Y destaca el hecho esencial
de que todos los principios de la convivencia social a los que daba lugar el
pacto están siendo subvertidos para anular los derechos y las prerrogativas de
los más amplios sectores de la población mexicana.
Ya no podremos hablar de un régimen popular y social de derechos y garantías,
sino tan sólo de un nuevo régimen en el que se reinstituyen antiguos privilegios
de grupos elitistas que ahora vienen a sustituir a las mayorías, a cuyos
intereses servía el antiguo pacto. México deja de ser el país plurisectorial y
pluriclasista que era antes, para volverse el nuevo país de los dueños de la
riqueza y del poder. El pacto fundador del Estado mexicano del siglo XX está
moribundo y será, en adelante, un factor de desestabilización social y de
desequilibrios que nadie sabe en qué pueden parar.
La reforma laboral implica la abolición total del artículo 123 y todo su complejo
sistema de convivencia de los llamados factores de la producción, los
trabajadores y los empresarios. Los trabajadores han sido entregados, atados de
pies y manos, a sus voraces explotadores y a éstos se les ha entregado el
dominio pleno y particular del régimen de las relaciones laborales. Se
prometieron más empleos y mejores salarios y, luego de un año, no hay nada de
eso. La sobrexplotación de los trabajadores y su relegación económica están a
la vista.
La reforma energética es la más desastrosa de todas. Ella significa la total
anulación del régimen de propiedad de la nación sobre sus bienes primordiales,
como el territorio, el subsuelo y los fondos marinos. Ya no hay una nación
poseedora de un patrimonio propio. Sólo una entelequia que se quedará con
algunas siglas sin ningún contenido real: Pemex, CFE. Sus antiguas riquezas que
se buscaba preservar para todos los mexicanos ahora serán pasto de la avaricia
y la sed de lucro de los privados, en especial trasnacionales. México como país
soberano ha cesado de existir.
La Constitución está moribunda. El pacto social y político que encarnaba no
existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema
dominante. Tenemos el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del
dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio
de los regímenes plutocráticos. Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la
Constitución de 1917.
Me voy de vacaciones. Nos veremos aquí de nuevo en unas semanas.
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