En medio de la corrupción, la indolencia y la ineficacia
gubernamentales, que se evidenciaron en la desaparición de 42
normalistas de Ayotzinapa, el obispo Raúl Vera lo tiene claro: hay que
refundar el Estado mexicano. Y el último obispo mexicano cercano a la
teología de la liberación tiene un plan para ello, estructurado en tres
fases. El objetivo es que el 5 de febrero próximo una asamblea decida
los puntales de una nueva Constitución. En el mismo espíritu que motivó
la redacción de Los Sentimientos de la Nación en 1813, Vera explica:
“Hay que remediar el país, no remendarlo”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para el obispo de Saltillo, Raúl Vera
López, los partidos políticos exhibieron este año, como nunca, su
decadencia; la clase gobernante, perpetuada a través de varias
generaciones, es corrupta de origen, y lo ocurrido con los estudiantes
de la Normal de Ayotzinapa sumado a los escándalos de corrupción
plantean una sola vía para evitar que el desenlace sea violento: que la
sociedad cambie la forma de Estado y su sistema político.
La perspectiva del último obispo mexicano en activo de la teología
de la liberación va más allá de la opinión, pues está convocando a lo
que define como un “congreso constituyente alternativo”, cuyo propósito
es que, al margen de los grupos de poder, sea el pueblo el que ejerza su
autodeterminación, su soberanía.
Se trata, explica en entrevista, de refundar el país, de acoger
todas las voces y las aspiraciones, “no impulsando superliderazgos, y sí
dando los pasos necesarios para acrecentar la conciencia política de
todos los ciudadanos”.
Su plan consiste en construir “sujetos sociales”, un concepto que
empleaba con frecuencia Samuel Ruiz, el fallecido obispo de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que Vera ha recogido y empleado desde
que fue coadjutor de esa misma diócesis en los años noventa, para
referirse al empoderamiento de la sociedad.
Reticente a aceptar –como en su tiempo lo hacía Samuel Ruiz– que se
le identifique como “teólogo de la liberación”, Vera prefiere
describirse como un sacerdote que tomó la “opción preferencial por los
pobres”, y considera que su deber pastoral consiste en escuchar “el
clamor de los pobres, de las víctimas y de los que sufren”.
En la sociedad mexicana, excluyente y desigual, afirma, “la voz de
los pobres no está presente en las decisiones, la economía ha perdido el
rumbo y, en lugar de ponerse al servicio de la equidad y la igualdad
con oportunidades para todo ser humano, ha generado injusticias y
desigualdades que cada día y a cada hora crecen de manera escandalosa.
“Porque la vida y el destino de las mujeres y los hombres pobres no
cuentan, esta sociedad ha entrado en un proceso vertiginoso de
deshumanización, que en lugar de producir vida para todos, crea
estructuras de muerte donde no se defiende la vida, sino que se le ataca
mediante procesos de militarización y paramilitarización.
“Los grupos del así llamado crimen organizado son vistos por no
pocos funcionarios como organismos simbióticos con las estructuras de
los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. En el mundo
empresarial y financiero que les lava el dinero, son vistos como colegas
y compañeros de negocios.”
La única alternativa, insiste, es reaccionar ante la barbarie,
empezando a trabajar en la construcción de una sociedad en la que todos
sean incluidos, en especial los más vulnerables –los pobres–, a quienes
reconoce como la parte de la sociedad que sigue siendo humana y con
sentimientos.
Son ellos quienes “recorren caminos de muerte en los procesos de
migración; en las mujeres y los niños víctimas de la trata y la
esclavitud moderna; en los jóvenes que no tienen el derecho a vivir las
ilusiones del futuro que todo joven debería tener, y que son expuestos a
una existencia cruel, donde su destino final es la muerte o la cárcel”.
Inevitable la evocación histórica:
–Suena a replantear Los Sentimientos de la Nación… –se le comenta.
–Sí, lo sé. Me lo han dicho. El padre Morelos interpretó lo que el
pueblo quería, no eran sus sentimientos, eran los sentimientos del
pueblo. Hoy, el pueblo quiere una salida pacífica, ya no quiere pobreza,
cinismo, injusticia ni violencia. Hay que remediar el país, no
remendarlo, pero tiene que hacerlo el pueblo.
El origen del llamado
Cuando en 1996 los Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas
fueron desconocidos por el gobierno de Ernesto Zedillo, en Chiapas se
planteó una discusión: llevar el proceso de consulta para refundar el
país.
Vera acude a ese recuerdo para explicar que, desde entonces, era
claro que las aportaciones que hizo la población indígena para generar
un nuevo marco jurídico que reconociera y protegiera los derechos y la
cultura indígenas tenía que realizarse con todas las comunidades rurales
y urbanas de México.
Desde aquellos años, el planteamiento de “generar sujetos sociales”
para que en pleno ejercicio de la autodeterminación se planteara el
rumbo que debía seguirse en México fue una constante en las
declaraciones de Vera, que sin embargo, luego de lo ocurrido con los
normalistas en Iguala, Guerrero, a finales de septiembre pasado, decidió
encausar un plan para generar un constituyente ciudadano.
Vera López cuenta que desde hace meses maduraba la idea, luego de
la serie de diálogos que sostuvo con Bernardo Barranco y que se
convirtieron en el libro El evangelio social del obispo Vera (Grijalbo,
2014), pues fue en una de esas conversaciones cuando expresó sus
preocupaciones sobre México. Barranco le preguntó cuál era la solución a
los problemas actuales y el obispo expresó la necesidad de refundar el
país:
“En Chiapas, luego de que el Estado traicionó los acuerdos de San
Andrés, sabíamos que no era suficiente y que el modelo de diálogo podía
ser la guía para generar una nueva Constitución. Ya veíamos que Salinas
se había ido sobre lo agrario, entraba en vigor el Tratado de Libre
Comercio. La tendencia se agravó y hoy debe reconstruirse el país.”
Hubo otro momento que robusteció la idea. Durante los diálogos
relativos a la reforma energética, en el llamado “Grupo de los Siete”,
el planteamiento fue hecho por el intelectual Pablo González Casanova,
sin embargo, Cuauhtémoc Cárdenas se opuso.
“Cárdenas ya andaba con que una consulta popular podía parar la
reforma. Don Pablo tenía una opción, una propuesta concreta que no se
quiso discutir. El episodio nos convenció aún más de que los partidos
políticos no son opción”, rememora Vera.
Como garante y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos,
Capítulo México (TPP), Vera se convenció de la necesidad de un
constituyente durante las mesas de trabajo que emprendió dicha instancia
internacional no gubernamental.
Particularmente, a mediados de noviembre pasado, cuando el TPP
emitió el informe de su Audiencia Final, entre sus recomendaciones
estableció: “(Apartado) 9.4. Avanzar en la refundación de México”, en la
que se expone la “crisis institucional y de legitimidad del Estado”, en
especial a partir de los hechos ocurridos en Iguala.
El documento del TPP menciona que se debe revertir la imposición
“de un modelo insostenible que sólo sirve al interés económico de unos
pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la
población”.
De acuerdo con el TPP, la refundación del Estado debe conseguir que
la estructura política reasuma su función básica del interés público:
garantizar los derechos humanos y prevenir su violación, instaurar las
medidas para la eliminación de la discriminación contenidas en
instrumentos internacionales, reasumir los derechos laborales
fundamentales y reconocer los derechos indígenas recogidos en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, debe replantear la problemática de migración, libertad de
expresión y derecho a la información; cesar las prácticas de represión y
criminalización de los movimientos sociales; retirarse del TLCAN;
detener el proceso de privatización industrial y reconstruir el tejido
industrial; salvaguardar el régimen de propiedad ejidal; asumir la
responsabilidad en la protección del maíz nativo prohibiendo el maíz
transgénico; emprender un programa de restauración ambiental; entre
otras de naturaleza económica, política, judicial, fiscal y militar.
Con los 20 puntos recomendados para la refundación que emitió el TPP, el obispo Vera se declara “muy motivado”.
“Lo que más abona son las torpezas de lo que están haciendo los
poderosos. Si los pobres estuvieran en lugares de decisión no
estuviéramos viviendo así, porque ellos sí tienen sentimientos”,
expresa.
La ruta difícil
El obispo Vera convocará para el próximo 5 de febrero a una
asamblea en la que se presentará la iniciativa o plan de un nuevo
congreso constituyente. A su juicio, nunca el país tuvo un momento tan
grave como éste y sostiene que lo ocurrido a los estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa a manos del Estado abrió los ojos de la sociedad,
porque mostró las intenciones de lo que el poder quiere hacer con el
pueblo.
El itinerario que planea implica al menos tres fases, cada una compuesta por diferentes acciones.
La primera fase se propone redactar la nueva Constitución. Dentro
de la fase hay seis pasos: difundir y convocar a legislar, con
acompañamiento de la universidad; recibir las aportaciones del conjunto
de la sociedad generando una democracia participativa; entregar a un
grupo de expertos y académicos las propuestas para construir el nuevo
texto constitucional, que una vez redactado se regresa al pueblo para
que lo apruebe.
La segunda fase se propone renovar las instancias legislativas
federales y locales, preparando el camino para el nuevo gobierno que se
quiere.
La tercera fase se plantea instalar el nuevo congreso que aprobará el nuevo orden constitucional.
“No soy tonto. Sé que no es fácil, pero hablaré con organizaciones
que ya tienen camino recorrido. Yo estoy tratando de concientizar, de
fomentar el diálogo, de buscar que estemos unidos y podamos salir el 5
de febrero con la decisión de cómo lo vamos a hacer. Vamos a mover al
pueblo para que tenga un Congreso que lo represente.”
–¿Tiene alguna relación con el proceso electoral de 2015? –se le pregunta.
–No. La coyuntura no tiene nada que ver. Como he dicho, los
partidos no son opción, viven una terrible decadencia. Se escogió el 5
de febrero por ser una fecha emblemática para nuestras constituciones de
1857 y 1917.
Hasta ahora, el obispo ha encabezado dos talleres y dice que ya hay
grupos trabajando en varios estados, entre éstos Michoacán. Su ideal es
alcanzar una representación durante el proceso de nuevo constituyente
similar a la que participa en un proceso electoral, es decir, alrededor
de 60% del padrón, que legitime el nuevo documento constitucional.
“Tenemos que ser muchos los ciudadanos generosos, escuchando al
pueblo, como ocurrió en los Acuerdos de San Andrés, y lograr una
participación enorme”, advierte.
Su esperanza va más allá. Al finalizar la elaboración de la nueva
Constitución, las grandes mayorías del país se conocerán, y sabrán quién
puede representarlos legítimamente en las cámaras, para salir
finalmente “de los apellidos que se repiten y que ya nadie quiere”.
Es claro: no se trata de una propuesta violenta. “Llegaremos a eso
con la Constitución vigente, pero para una elección por consensos y no
por partidos, para renovar las cámaras… ellas serán quienes aprueben la
nueva Carta Magna.
“Se trata de que ya no queden en las curules los que han echado a
nuestro país a pique. La redacción de la Constitución la tenemos que
hacer para generar leyes que no estén contra el pueblo y que benefician a
unos cuantos.”
Entre las figuras que plantea están la introducción del plebiscito,
el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato.
“No soy experto constitucionalista pero tiene que ser un cambio
pacífico. No dudo que va a haber actos violentos, meter (el gobierno) su
paramilitarización, su violencia… eso vamos a enfrentar, pero tenemos
que llevarlo a cabo, conscientes de que México tiene que cambiar con la
voz del pueblo”, concluye.
